a. El Colegio de Abogados debe involucrarse en reformas legislativas convenientes para los abogados y abogadas, tales como la implementación del proceso monitorio, la revisión integral del Código de Procedimientos, la adopción del sistema oral por audiencias para segunda instancia y ejecución de sentencia, la implementación generalizada de audiencias por medios electrónicos, la accesibilidad plena a todos los expedientes electrónicos con o sin participación procesal (modelo de la justicia federal), etcétera.
a. El proceso oral por audiencias y el sistema de expediente electrónico se encuentran reglados principalmente por acuerdos reglamentarios elaborados por el T.S.J., en base al trabajo de comisiones internas del Poder Judicial y sin participación de los abogados y abogadas litigantes.
b. Se propone la conformación de comisiones conjuntas, con representación del Colegio de Abogados, a fin de opinar e intervenir sobre posibles reformas a estas reglamentaciones.
a. Debe conformarse una comisión para evaluar propuestas de reforma del Código de Procedimiento de Familia, con la finalidad de agilizar los procesos y crear herramientas procesales especiales para tramitar acciones específicas y para asegurar la efectividad de las resoluciones dictadas (v. gr., registro de progenitores obstructivos de regímenes comunicacionales).
b. Mecanismos solidarios de cobro frente a deudores de bajos recursos.
c. Reforma de las reglas sobre honorarios para ajustarlas al Código Civil y Comercial, para una mejora en la retribución de los profesionales que ejercen en el fuero.
a. Debe gestionarse ante el Consejo de la Magistratura provincial el llamado a concurso para cargos vacantes o bien cubiertos actualmente por reemplazantes.
a. Deben suprimirse los inconvenientes existentes para la carga de escritos electrónicos y la consulta del SAC, siendo dificultoso para los profesionales acceder a informes técnicos y expedientes conexos.
a. Deben realizarse los planteos necesarios ante las autoridades pertinentes a fin de corregir prácticas y situaciones irregulares en diversas materias vinculadas con esta rama de la profesión, tales como:
i. las demoras en la remisión de planillas prontuariales a fiscalías;
ii. la falta de aviso al abogado defensor sobre el otorgamiento de libertad a sus defendidos;
iii. la existencia de asesoramientos indebidos por agentes del poder judicial, de la policía y otras dependencias del Estado sobre cuestiones penales;
iv. las demoras en la definición de la situación procesal del detenido;
v. la disparidad de trato a profesionales en función del género.
a. Debe requerirse al T.S.J. la elaboración de un plan de contingencias para paliar el colapso de la Cámara del Trabajo, que experimenta demoras intolerables en su mayor parte, con expedientes paralizados durante meses o incluso años, sin que exista un criterio objetivo de asignación de prioridades.
a. Debe proponerse la designación de más personal para reducir los plazos para la fijación de juntas médicas, especialmente en el interior de la provincia, donde no funcionan con eficiencia.
a. Modificación del Código Procesal Contencioso Administrativo. Implementación de la oralidad. Ampliación del sistema de medidas cautelares.