Protección de los abogados ante abusos o actos arbitrarios de organismos públicos o particulares, a través de responsables del Colegio de Abogados, en cada uno de los fueros, tribunales o edificios públicos, en comunicación directa con la Secretaría Gremial, con el Presidente y con el Cuerpo de Acción Gremial a crearse, ya que será la tarea primordial.

Para el logro de ese objetivo, se creará un Cuerpo de Acción Gremial, que tendrá reconocimiento oficial y estatutario, con representantes activos en todos los fueros y edificios administrativos donde se ejerce la abogacía, que representará a los colegas y a la institución para evitar abusos, atropellos, y despejar las trabas al libre y respetuoso ejercicio profesional.

Frente a avances de otras profesiones (v. gr., escribanos, contadores) o del Estado (v. gr., promotores judiciales comunitarios) y desregulaciones legislativas (v. gr., fijación de divorcios o sucesiones sin intervención de abogados); actuación ante organismos que desalientan la asistencia técnica de abogados (v. gr., ANSES); búsqueda de nuevas incumbencias (v. gr., procurando la creación en todas las curriculas de secundarios de la materia “Derecho”, gestionando ante la administración pública, que se exija el título de abogado para todas las personas a cargo de la redacción de actos administrativos, etcétera). Celebración de convenios similares a los existentes respecto de la Asociación de Magistrados a fin que la Legislatura de la provincia deba convocar en consulta al Colegio de Abogados ante cualquier proyecto de reforma relativo a la administración de justicia y las leyes de procedimiento. Actuación amicus curiae y presentación de acciones judiciales en los casos que lo ameriten.

Debe promoverse una mejora del Código Arancelario, que rectifique errores o inexactitudes señalados por la doctrina y la jurisprudencia, actualice normas conforme los nuevos procedimientos existentes (v. gr., proceso oral por audiencias, nuevos procesos de derecho de las familias), supla lagunas (v. gr., forma de cobro de pacto de cuota Litis) y mejore las herramientas para asegurar la regulación de honorarios acordes a la tarea profesional realizada (v. gr., protección de mínimos, actualización de honorarios, etcétera), su preservación frente a la inflación (v. gr., tratamiento como obligaciones de valor, tasa de interés legal superior a la media, etcétera) y la posibilidad de cobro expedito de tales aranceles (v. gr., prioridades de cobro, acciones expeditas, pago anticipado de sumas reconocidas mientras se discuten diferencias, etcétera). Se conformará un observatorio permanente y activo, con profesionales destacados, que analice la jurisprudencia en materia de honorarios y las tendencias existentes, a fin de asesorar en forma permanente a los colegiados que lo requieran y, asimismo, formular los planteos que pudieran corresponder en caso de detectarse prácticas lesivas de sus derechos alimentarios.

En este punto de defensa de los honorarios, el Colegio, tendrá un rol activo en la ayuda a los colegas, en los casos particulares que lo necesiten.

Se desarrollará una aplicación específica del Colegio de Abogados para dispositivos móviles – El COLEGIO EN TU CELULAR”. Digitalización de los trámites ante el Colegio de Abogados y desarrollo de un portal de autogestión amigable y moderno para acceder a todos sus servicios, incluyendo los pagos de aportes y regularización de deudas. Publicidad en el portal electrónico de toda la información relevante sobre actividades del Colegio y aspectos de gobierno abierto. Información de novedades legislativas y reglamentarias (de AFIP, ANSES, etcétera). Digitalización gradual de la biblioteca. Establecimiento de canales electrónicos de comunicación mediante redes sociales entre el Colegio y los colegiados.)

Mejorar la ley de colegiación obligatoria y Estatuto, adaptándolos a los nuevos paradigmas profesionales.

Se propone la creación de diversos equipos de trabajo o repotenciación de los ya existentes, en relación a: (i) la custodia de las incumbencias profesionales; (ii) la fiscalización de la transparencia del gobierno colegial y la comunicación de las actividades relevantes; (iii) la comunicación a la sociedad de las tareas cumplidas por los profesionales en beneficio de la comunidad, procurando superar estereotipos negativos; (iv) la inspección y auditoría permanente del SAC; (v) la fiscalización de la productividad de funcionarios y magistrados; (vi) la investigación de denuncias de matriculados respecto de agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y/o la administración pública en cualquiera de sus niveles; (vii) el Control y auditoria de las Comisiones medicas laborales y las ART; (viii) el asesoramiento preventivo comunitario, especialmente a sectores especialmente vulnerables de la población; (ix) la asistencia y asesoramiento ante cada uno de los fueros.

Asimismo, se propone la creación del Cuerpo de Acción Gremial, previsto para actuar ante violaciones al libre ejercicio profesional.

Este plan, indispensable en cualquier institución moderna y transparente, será una política pública y permanente del Colegio. Es una herramienta de planificación, información y control de la abogacía, a través del cual el Colegio se compromete a definir, elaborar y medir las metas de cumplimiento del plan de gestión.

Adopción de: (i); sistema de pasantías, mentorías y otras capacitaciones especiales para abogados nóveles; (ii); promoción de programas de créditos blandos a través de entidades bancarias, denominado “TU ESTUDIO”, ya sea para abogados noveles o profesionales o en dificultades que lo necesiten; (iii) adopción de reformas legislativas e implementación de otros mecanismos tendientes a asegurar el ejercicio igualitario de la profesión para abogadas; (iv) matrícula diferenciada a los fines del pago de aportes colegiales para abogados en relación de dependencia, ya sea privada o pública; (v) adopción de medidas tendientes a asegurar un ejercicio igualitario de la profesión por colegas con discapacidad o con familiares en esa condición, otorgándoles además beneficios en el pago de la matrícula y el aprovechamiento de servicios colegiales.

Conformación y Fortalecimiento de mesas de trabajo con organismos administrativos que presentan dificultades para el ejercicio profesional (ANSES, SRT, IPJ, etcétera). Descentralización de los servicios colegiales mediante la implementación de salas de servicios en distintos edificios públicos. Facilitación de acceso a seguros de mala praxis.

Debe asegurarse la comunicación directa con el área respectiva del Poder Judicial para realizar consultas o reportar fallas. Debe requerirse la ampliación del horario de atención de la Mesa de Ayuda de Expediente Electrónico. Debe trabajarse en un programa de mejora continua en diferentes aspectos técnicos (v. gr., carga y descarga de archivos, mejora de plantillas, visualización libre de expedientes salvo confidencialidad, duración de las sesiones más prolongadas) y reglamentarios (dictado de una reglamentación clara, ampliamente difundida y que resuelva los problemas más frecuentes de la práctica).

Realización de cursos, seminarios, diplomaturas, conversatorios y posgrados en condiciones preferenciales para matriculados. Ampliación de talleres de práctica profesional. Establecimiento de aulas virtuales y acceso a material formativo digital.

Deben impulsarse programas para matriculados mediante convenios con particulares, estableciendo una amplia gama de beneficios y descuentos. En particular, se gestionará con el Banco Provincia de Córdoba la apertura de cuentas, la asignación de paquetes y el otorgamiento de créditos en condiciones preferenciales.

Facilidades de pago y moratorias. Bonificaciones para abogados “cumplidores”.

Beneficios bancarios, diferimientos o quitas de cuotas colegiales y bonificaciones en propuestas académicas para colegiados de ingresos reducidos (v. gr., monotributistas de categorías A y B y abogados noveles).

Es una misión irrenunciable del Colegio la de mejorar la imagen social de la abogacía y disipar estereotipos negativos; a esos fines, es fundamental velar por el ejercicio ético de la profesión, para lo cual se intensificará el control de prácticas antijurídicas y lesivas de la libre competencia entre colegas. Se promoverá la incorporación a la ley de colegiación de las normas de ética actualmente consignadas en resoluciones de directorio.

Además de las demás acciones ya expuestas en relación a los abogados noveles, se procurará darles una asistencia integral, que incluirá: (i) cursos previos a la obtención de la matrícula de mayor utilidad, comprensivos de pautas deontológicas, pero, además, inclusivos de cuestiones sobre honorarios profesionales, perspectiva de género y técnicas de litigación oral; (ii) gestión de regímenes especiales de aportes colegiales y previsionales; (iii) descuentos especiales para actividades académicas y de formación, y búsqueda de convenios con otras instituciones educativas para obtener beneficios; (iv) convenios con obras sociales, prepagas, librerías jurídicas, revistas especializadas y toda otra entidad pública o privada que preste servicios de utilidad para abogados noveles; (v) ampliación de cursos (y de cupos para el cursado), especialmente perfilados para noveles abogados; (vi) realización de las gestiones necesarias para que se permita a abogados noveles de hasta cinco años de antigüedad en la matrícula participar libremente en concursos para el ingreso al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Se debe garantizar que los abogados y abogadas correspondientes a otras delegaciones tengan un acceso igualitario a todos los servicios del Colegio. A ese efecto, se procurará descentralizar la prestación de servicios, en particular, mejorando la oferta académica existente tanto de manera virtual como presencial en otras sedes.